Desde la Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelio (CAMESE) expresamos nuestro más enérgico repudio al nuevo esquema impositivo establecido en la Ley Impositiva 2026 de la Provincia de Buenos Aires, que incorpora y actualiza tasas administrativas vinculadas al Registro Provincial de las Personas con un criterio meramente recaudatorio, absolutamente desconectado de la realidad que atraviesa nuestro sector.
Resulta inadmisible la tasa anual por inscripción al Registro de Cocherías, así como la tasa adicional anual por el uso de la Plataforma Web de Defunciones, las cuales se suman a los sellados que ya se abonan por cada trámite individual, generando una doble y hasta triple imposición.
La gran mayoría de las empresas funerarias son pymes, muchas de carácter familiar, que hoy se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
A ello se suma que numerosos municipios están replicando servicios de sepelio gratuitos de manera indiscriminada, cuando dichos beneficios deberían estar destinados exclusivamente a familias indigentes debidamente comprobadas.
Este escenario provoca el cierre de empresas, la pérdida de fuentes de trabajo y el debilitamiento de un servicio esencial para la comunidad. La prestación de servicios funerarios no es un lujo ni una actividad especulativa: es una función social sensible, humana y necesaria.
Desde CAMESE sostenemos que no se puede seguir financiando al Estado a costa de asfixiar a quienes trabajan, invierten y cumplen.
Convocamos a todas las empresas del sector a sumarse a esta expresión institucional de repudio y a acompañar las acciones que esta Cámara impulsará para exigir la revisión inmediata de estas medidas.
